Fortalecemos articulación entre la Fiscalía Ambiental y las entidades gubernamentales para enfrentar delitos ambientales

Servidores públicos de diversas instituciones participaron en talleres de intercambio de experiencias para optimizar la atención de los requerimientos de las Fiscalías Ambientales y alcanzar un mejor desempeño en la prevención del delito.

La comisión de delitos ambientales es una práctica constante que aqueja al Perú y en la última década se han incrementado las penas. En efecto, estos crímenes conservan un alto margen: tan solo entre el 2018 y el 2019 se cometieron casi 3000 delitos ambientales a nivel nacional, de acuerdo con cifras del INEI.

La creación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) dentro del Ministerio Público ha representado una mejora en el sistema de justicia ambiental, puesto que tienen como función principal la prevención e investigación de hechos que puedan configurar delitos ambientales, sobre la base de un trabajo coordinado y estratégico con otros entes estatales.

Por ello, los días 14, 15, 21 y 22 de julio, desarrollamos una serie de talleres de intercambio de experiencias para identificar mecanismos de articulación entre las FEMA y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), con el fin de mejorar su coordinación y así obtener una mejor respuesta del Estado frente de los delitos ambientales.

Cabe indicar que los requerimientos formulados por las FEMA hacia las EFA son claves para sustentar las acusaciones fiscales y la posterior pena, pues en muchos casos las investigaciones están relacionadas con aspectos que ya conocieron estas entidades administrativas en el ámbito de sus competencias, en virtud de lo cual determinaron sanciones administrativas.

Los cuatro talleres virtuales fueron realizados gracias al apoyo del Proyecto Prevenir de USAID. Las reuniones convocaron alrededor de 85 servidores públicos de las FEMA a nivel nacional y de distintas EFA, tales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Lima y los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de estos encuentros, los participantes evaluaron y realizaron aportes a los procedimientos que las EFA llevan a cabo para la atención de los requerimientos fiscales, presentados también en flujogramas. Así, los participantes identificaron los obstáculos y retos, y ofrecieron recomendaciones de mejora y buenas prácticas. Además, contribuyeron a una propuesta de aplicativo informático que permita una mejor articulación y coordinación, y también reflexionaron en torno a un eventual programa de pasantías entre entidades.

Humberto Balbuena, nuestro Director de Políticas y Gobernanza Ambiental, considera que: “El desarrollo ambiental es relativamente nuevo en cuanto a la administración de justicia y compartir estas experiencias entre entidades son necesarias para el fortalecimiento de la justicia ambiental (…) conocer es la mejor manera de entender”.

A partir de este intercambio de ideas, se ha evidenciado que existen una serie de oportunidades de mejora que pueden implementarse, tanto por parte de las FEMA como de las EFA, así como puntos de convergencia de cara a la implementación de herramientas tecnológicas integradas, todo ello enfocado en la prevención de delitos ambientales como la minería ilegal, tala ilegal, el tráfico ilegal de vida silvestre, entre otros.

Fotografía de portada: Walter Wust

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