- Un estudio alerta sobre los riesgos ambientales por la superposición de concesiones con áreas protegidas, cuerpos de agua, territorios indígenas, comunidades nativas
Lima, 12 de diciembre de 2024.- El reciente informe MAAP #223 revela que 799 concesiones mineras abarcan 158,580 hectáreas, muchas de ellas superpuestas con áreas protegidas, reservas indígenas y cuerpos de agua esenciales para las comunidades y ecosistemas de la Amazonía.
Áreas Protegidas y Reservas Indígenas: un frente en peligro
Un caso emblemático es la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en la región de Huánuco, donde se ha identificado la presencia de 39 concesiones mineras que abarcan 2,735 hectáreas. Este territorio protegido, esencial para la conservación de la biodiversidad, corre el riesgo de sufrir impactos ecológicos graves, ya que en el pasado se registraron invasiones de minería ilegal dentro del área natural protegida (ANP). La actividad minera en estos espacios pone en peligro la integridad de ecosistemas ya debilitados por la presencia de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la tala ilegal.
El informe también destaca la vulneración de la Reserva Indígena Kakataibo (sur), destinada a la protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) de la etnia Kakataibo. Un total de 5 concesiones, que cubren 738 hectáreas, están comprometidas, lo que desafía la legislación nacional que prohíbe actividades extractivas en estos territorios sagrados e intangibles.
Comunidades Indígenas: las más afectadas
Las comunidades indígenas representan el grupo territorial más vulnerable debido a la superposición de concesiones mineras en sus territorios. Este año se reportó que 37 comunidades amazónicas en todo el país presentaban indicios de actividad minera, un número que podría aumentar con la concesión de nuevas licencias, ya que actualmente existen 712 concesiones mineras que se superponen y cubren un área de más de 151,000 hectáreas.
Además, los cuerpos de agua están gravemente amenazados. Más del 60% de las concesiones mineras identificadas en el informe se superponen con ríos y lagos. Un caso crítico es el del río Santiago, en la frontera entre Loreto y Amazonas, donde 43 concesiones abarcan 4,163 hectáreas. Estas actividades infringen regulaciones como el Decreto Supremo 1100, que busca erradicar la minería ilegal en estas zonas, y representan un riesgo significativo para la calidad del agua y la vida acuática.
En Madre de Dios, la situación es especialmente alarmante, con 452 concesiones mineras, lo que convierte a la región en el epicentro de este problema. Otras regiones, como Amazonas (73 concesiones), Loreto y San Martín (50 concesiones cada una), también enfrentan serias amenazas ambientales.
Una crisis legal y ambiental
El informe también expone cómo las concesiones otorgadas antes de la creación de áreas protegidas han generado un vacío legal que debilita la gobernanza ambiental. Además, el incremento de solicitudes mineras ha contribuido a la deforestación en territorios comunitarios, como el caso de San Luis de Chinchihuani, donde se perdieron más de 40 hectáreas en lo que va del año.
Ante estas cifras alarmantes, se hace un llamado a las autoridades a reforzar las políticas de conservación, fortalecer la supervisión de las actividades extractivas y promover alternativas sostenibles que permitan equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.