- La expansión de esta actividad en la provincia de Puerto Inca viene afectando el patrimonio forestal de la región. En el sector Maquizapallo se han perdido 51 hectáreas de cobertura boscosa desde 2021.
Huánuco, agosto de 2026.– La expansión de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca ha alcanzado un punto que ha llevado a las autoridades a evaluar medidas extraordinarias. Los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis podrían ser declarado en estado de emergencia ante la persistencia de actividades mineras ilegales y sus impactos sobre los bosques y otros recursos naturales de la zona.
La propuesta surgió durante la III Sesión Ordinaria de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre – MRCVFFS de Huánuco, realizada el pasado 14 de agosto. Las instituciones que integran este espacio acordaron elaborar un informe técnico que sustente la solicitud de declaratoria de emergencia, debido a la necesidad de fortalecer las acciones de control frente al avance de estas actividades.
La preocupación no se limita a Yuyapichis. Durante la reunión se analizó la situación del sector Maquizapallo, donde la minería ilegal ha provocado la pérdida de 51 hectáreas de cobertura boscosa desde 2021. El caso fue considerado prioritario por las autoridades, que acordaron impulsar acciones administrativas, fiscales y policiales para atender la afectación.
“Lo que estamos viendo en Puerto Inca no es solo un problema de actividad minera ilegal, sino una amenaza directa al patrimonio forestal y a los recursos naturales de la región. La remoción de la cobertura boscosa, la alteración de los suelos y la afectación de los recursos hídricos generan impactos que requieren una intervención articulada y sostenida de las instituciones competentes, precisó Alex Armando Gómez Bravo, Jefe de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre Huánuco y Coordinador Técnico de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco.”
Otro de los casos abordados corresponde a la invasión y desbosque de tierras de aptitud forestal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, donde también se requiere una intervención articulada de las entidades competentes.
Buscan reforzar el control en Puerto Inca
Ante este escenario, los miembros de la MRCVFFS de Huánuco acordaron además presentar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas una propuesta para regular su participación en las acciones de control de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca.
La medida busca mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a actividades que, además de generar impactos ambientales, se desarrollan en zonas donde el control y la vigilancia requieren una mayor articulación entre las instituciones.
Por su parte, Gómez Bravo señaló que la magnitud y rapidez con la que avanza la minería ilegal en Puerto Inca exige fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. “Las capacidades actuales resultan insuficientes frente a la escala que ha alcanzado esta actividad. Necesitamos fortalecer la presencia del Estado y sumar capacidades operativas que permitan realizar acciones de control sostenidas y articuladas en las zonas afectadas”, afirmó.
La respuesta viene siendo articulada desde el Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Dirección Regional de Agricultura y la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, junto con las autoridades competentes que conforman la MRCVFFS de Huánuco y con el apoyo de Conservación Amazónica – ACCA.
La Mesa reúne a entidades vinculadas al control ambiental, forestal, fiscal, policial y territorial, entre ellas SERFOR, FEMA, Policía Nacional, Marina de Guerra, DICAPI, OEFA, SUNAT, OSINFOR, SERNANP y el Ministerio de Cultura.
La situación de Puerto Inca continuará siendo abordada en sesiones extraordinarias que se realizarán en Huánuco y Yuyapichis, donde se revisarán también los casos vinculados a los procesos de formalización minera y las afectaciones al patrimonio forestal.
Conservación Amazónica – ACCA participa en este proceso como parte de su trabajo para fortalecer la gobernanza y las capacidades de las instituciones responsables de proteger los bosques y la fauna silvestre de la Amazonía peruana, con el apoyo de la Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (Norad) y Gordon and Betty Moore Foundation.